Dictadura encubierta o democracia defectuosa. Etiopía afronta la recta final hacia las elecciones del 23 de mayo con luces y sombras, pero sobre todo con el recuerdo de los comicios del 2005, los primeros que se presentaban con casi todas las garantías de limpieza y con una expectativa de alternancia en el poder, pero que concluyeron con acusaciones de fraude y con el dramático resultado de más de 200 muertos en enfrentamientos entre la policía y manifestantes convencidos de la victoria de la oposición.
Hace varias semanas, una vez conocida la fecha de las elecciones, el partido del Gobierno de Meles Zenawy y varios líderes opositores firmaron un histórico acuerdo de buenas prácticas electorales. Más recientemente, los mismos partidos suscribieron el modelo para el acceso y reparto de tiempos de los candidatos en los medios públicos de comunicación. Buenas noticias ensombrecidas por la sentencia que condena a pena de muerte a varios dirigentes del grupo Gimbot 7 (el nombre recuerda la fecha de los disturbios mortales del 2005) y porque sigue en prisión Birtukan Mideksa, la líder del Foro para la Justicia y la Democracia, nombre con el que se refundó Kinijit, la principal coalición de partidos de la oposición en las anteriores elecciones, que además de descabezada está dividida.
Los dirigentes de Gimbot 7, entre ellos el alcalde electo de Addis Abeba que no llegó a tomar posesión y que se marchó a Estados Unidos para dar clases en una Universidad, fueron acusados de un complot para dar un golpe de Estado. Birtukan, encarcelada con decenas de dirigentes tras los disturbios del 2005, fue indultada hace un par de años por el Gobierno, pero la volvieron a encarcelar después de proclamar en una conferencia en Suecia que ella no había pedido perdón por los sucesos del 2005 porque supondría que acepta la acusación de instigar a la rebelión contra el Gobierno. Su vuelta a la cárcel se produjo cuando preparaba el lanzamiento de su candidatura para disputar la presidencia a Meles Zenawy, en el poder desde el derrocamiento en 1991 del dictador comunista Menguistu.
A lo largo del último mandato se produjeron otros movimientos que ponen en solfa la voluntad democratizadora de los gobernantes de Etiopía. La nueva ley que regula la actividad de las oenegés extranjeras ha sido tildada por éstas como un intento de impedir la acción, sobre todo, de organizaciones independientes que se ocupan de cuestiones relacionadas con los derechos humanos. También se aprobó una controvertida ley de prensa que recuerda a la Ley Fraga que, aunque eliminaba la censura previa y proclamaba la ley de prensa, mantenía ciertas trabas a los medios contrarios al régimen de Franco. El mes pasado cerró el Addis Neger, el periódico escrito en amariña más crítico con el Gobierno. Sus promotores dijeron que no podían seguir soportando presiones y amenazas que procederían del entorno del Gobierno.
Entre tanto, Meles siguió cultivando su imagen en el exterior para ganarse el favor de Estados Unidos –la intervención de Somalia contra los islamistas tuvo toda la pinta de ser una operación dirigida desde el Pentágono- y de Europa, sin descuidar un discurso interno de orgullosa soberanía y mimando las relaciones con China. Fue invitado a las reuniones del G-20, en representación de los países empobrecidos, y acudió a la Cumbre del Clima de Copenhague con el encargo de defender el punto de vista de África. El respaldo internacional, el debilitamiento de la posición y ciertos avances económicos, que sin embargo la mayoría de la población apenas aprecia por efecto del descomunal incremento de los precios de los alimentos, parecen asegurarle a Meles un nuevo mandato de cinco años. El último de su larga trayectoria política, según el mismo anunció cuando en el congreso de su partido animó a los militantes a buscar un nuevo líder. Por cierto que su mujer, diputada y propietaria de algunos negocios como el centro comercial Mega, en Bole Road, está ganando protagonismo político en los últimos tiempos.
Los etíopes afrontan las elecciones del 23 de mayo sin el entusiasmo de las del 2005 y desde luego con la misma preocupación por poder satisfacer cada día sus necesidades básicas. Porque Etiopía avanza, pero, entre la inflación y el aumento de la población (se acerca ya a los 80 millones de habitantes), a este ritmo la mayoría de la población necesitaría varias vidas para alcanzar a vivir una de ellas en condiciones dignas. Es posible que se produzcan algunos avances en el nivel de vida de la gente sin democracia, pero la democracia es una falacia si los derechos esenciales como la educación, la vivienda, la salud y el alimento son solo enunciados constitucionales.